Una nueva ley, todavía en fase de proyecto, busca “centralizar” los derechos de estas personas y regular la discapacidad como un “ámbito jurídico propio”.
Navarra contaba hasta ahora con una legislación “dispersa y fragmentada” en lo que se refiere a las personas con discapacidad, que suman en la actualidad unas 36.300, al menos con reconocimiento oficial. No es que no se regulara su situación, pero se hacía de modo disperso, aislado por ámbitos: empleo, sanidad, educación, cultura, etc. Dotar a este colectivo de una legislación que aglutinara su realidad en una “pieza central”, a la vez que adaptada a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, era una tarea pendiente. Más si se tiene en cuenta que todas las proyecciones demográficas constatan que el aumento de la discapacidad va a ser notable en los próximos años, debido al progresivo envejecimiento de la población. En concreto, se calcula que en 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años; en Navarra, según el Observatorio de la Realidad Social, la tasa de dependencia (la proporción de personas dependientes sobre la población activa) llegará en 2035 al 65,8%.