Una prevalencia del COVID-19 en la zona básica de salud superior al 3 por mil, una capacidad superior al centenar de plazas y el hecho de que las y los residentes hubieran recibido numerosas visitas los días previos al estado de alarma son los tres principales factores que explicarían la mayor incidencia del virus en los centros geriátricos de gran tamaño, tal y como apunta el informe ‘Auditoría de los centros residenciales en Navarra ante la crisis de la Covid-19’, realizado por el Gobierno Foral
Junto a ellos, otros factores a tener en cuenta para la mayor incidencia de la pandemia en los centros es la menor ratio de personal o el uso de EPIS no confiables o artesanales. Por el contrario, la titularidad del centro o el tipo de residentes (autónomos-dependientes) no tuvo incidencia significativa. Tampoco, el disponer de personal médico y o de enfermería fue un elemento de protección.
Durante la ola de la pasada primavera resultaron contagiados en Navarra 1.474 personas de las y los 6.000 residentes. De ellas, fallecieron 437 (274 con diagnóstico COVID y 163 con síntomas compatibles con la enfermedad). Un 24,1% de las y los trabajadores requirieron baja médica y durante estos meses se realizaron casi 3.000 desinfecciones en los centros, según datos del Gobierno navarro.
Durante la presentación de este informe la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, destacó que esta auditoría realizada por el Observatorio de la Realidad Social es la primera realizada de manera oficial en toda España. “Era una obligación en primer lugar ética, ante el duro impacto de la pandemia en el sector residencial, y también una obligación política de evaluar la gestión realizada para poder mejorar en el futuro inmediato». En su opinión, “las conclusiones y recomendaciones responden a los objetivos marcados. Hoy sabemos mejor qué ha pasado y qué debemos mejorar para evitar al máximo que vuelva a ocurrir”.